13 de noviembre de 2013 / 01:21 a.m.

San Salvador, El Salvador.- El Fiscal General de la República, Luis Martínez pidió el martes a los ex funcionarios gubernamentales, incluso un ex ministro, acusados por el delito de peculado, que no huyan y que se presenten voluntariamente a los tribunales para responder por los cargos que se les imputa.

Los ex funcionarios trabajaron en el gobierno del presidente Francisco Flores, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista que gobernó por 20 años al país (1989-2009). Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Economía Miguel Lacayo Arguello y el ex presidente de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, encargada de los recursos hidroeléctricos del país, Guillermo Sol Bang.

La Fiscalía también señaló a otros 19 ex funcionarios de Flores, que gobernó de 1999 a 2004, implicados en actos de corrupción en las negociaciones y suscripción de contratos con la empresa italiana Enel para la explotación geotérmica en El Salvador.

"Queremos que se acerquen a los tribunales y no salgan huyendo", dijo Martínez en declaraciones a periodistas y afirmó que aún no han girado las órdenes de captura para garantizar "un proceso justo".

Explicó que no ordenaron la captura desde un principio "para que no se genera un abuso de poder, (que) no nos criticaran que estamos haciendo un show mediático, sino que va a ser el tribunal de justicia el que aclare los hechos".

Pero advirtió que si no se presentan a los tribunales, el juez va a decretar "la orden de detención y la difusión roja (a la Interpol), y el brazo de la justicia los va alcanzar".

Martínez, dijo que también harán ejercicio de acción de responsabilidad civil por 1.000 millones de dólares, que pedirán sean devueltos al Estado y procederán al embargo de todos los bienes que se encuentren a los implicados, como también a la empresa Enel.

Al comentar la investigación de la Fiscalía, el presidente Mauricio Funes dijo que "se ha puesto al descubierto un mecanismo perverso con el que grupos económicos afectaron el Estado durante los gobiernos anteriores".

Afirmó que ha quedado evidenciado como los gobiernos de la derechista Arena, procedían para que "grupos económicos privados nacionales e internacionales se hicieran de los bienes del Estado a precios risibles".

Entretanto, Sol Bang, de 86 años, se defendió de las acusaciones y afirmó que "quieren dañar la imagen de gente inocente para seguir estafando al país"

Sol Bang, que por 13 años dirigió la comisión del Río Lempa, defendió la actuación de los ex funcionarios que participaron en la firma del contrato con la empresa italiana.

"Me siento orgulloso de haber participado en un proceso transparente que propició la generación barata de energía por medio de la geotermia", agregó.

Al comentar la reacción de Sol Bang, el Fiscal dijo que, Sol Bang debe de resolver su caso en los tribunales y no en televisión o en las redes sociales.

En 2002, durante la administración Flores, la empresa italiana Enel suscribió un contrato con esa comisión que le permitía obtener una mayor participación accionaria de LaGeo a medida le inyectara inversión al país. La empresa geotérmica LaGeo, que se convirtió en socio mayoritario, es una subsidiaria de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa.

Según las investigaciones de la Fiscalía, esa entidad incumplió con los procedimientos legales que se debieron realizar al momento de ordenar la transferencia de activos. Se concluyó que el contrato de accionistas firmado entre esa comisión ejecutiva y Enel es lesivo a los intereses del Estado, en la medida en que contiene cláusulas abusivas en perjuicio del Estado salvadoreño.

Afirmaron que la comisión no tenía facultades legales para ceder en favor de Enel un 4% adicional de su participación en LaGeo, según costa en la modificación 2 del acuerdo entre accionistas de diciembre de 2002.

Por su parte el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez reveló que falta poco tiempo para que declare ilegal el contrato firmado en el caso Cel-Enel.

"Garantizo en nombre de Dios y de la república que estoy cerca de anular ese contrato amañando", dijo en conferencia de prensa el jefe del ente contralor de El Salvador.

Enel tiene una demanda contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, instancia del Banco Mundial, para que se cumpla el contrato suscrito con la comisión ejecutiva.

AP