Gobierno de Guatemala extradita al ex presidente Portillo

GUATEMALA ? El gobierno de Guatemala extraditó el viernes al ex presidente Alfonso Portillo a Estados Unidos para que enfrente cargos por conspirar para lavar 70 millones de dólares de las arcas públicas del estado través de una serie de cuentas bancarias estadounidenses.

El juicio se celebrará en un tribunal federal de Nueva York, que también lo acusa de malversación de 1,5 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para comprar libros para niños guatemaltecos.

El ex mandatario fue trasladado desde un hospital militar, donde convalecía luego de que se sometiera a una operación en el hígado y una enfermedad cardíaca, y fue puesto en un avión, de acuerdo con su abogado Mauricio Berreondo.

Un reportero de The Associated Press vio el momento en que Portillo abordó el jet, de color blanco, con matrícula N921CH, que lo llevaría a Estados Unidos. El ex mandatario vestía una sudadera negra.

"Responsabilizo al gobierno de lo que pueda pasarle", dijo Berreondo. "Portillo está enfermo y hay varios recursos legales pendientes... y no lo pueden extraditar. La orden de sacarlo del hospital es del ministro de gobernación Mauricio López Bonilla".

Uno de los recursos pendientes era una apelación que buscaba establecer judicialmente el actual estado de salud de Portillo.

"Lo llevan a Miami y luego a Nueva York" dijo el abogado Berreondo.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala se congratuló de la extradición del ex mandatario.

"El ex presidente Alfonso Portillo fue extraditado hoy a los Estados Unidos por cargos de conspiración de haber cometido lavado de dinero, gracias a los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas elegidas democráticamente y a los funcionarios judiciales y policiales. La extradición había sido autorizada desde 2011 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala", dijo la embajada en un comunicado. "Esta decisión es una importante afirmación del estado de derecho y el debido proceso en Guatemala. Elogiamos los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas en el fortalecimiento del estado de derecho y el combate al crimen organizado y la corrupción".

El caso de Portillo en Estados Unidos indica que el ex mandatario presuntamente depositó dinero en cuentas bancarias de Miami y desde allí, transfirió la plata a una cuenta de París, que estaba a nombre de su ex esposa y de su hija.

El ex mandatario dijo que el proceso penal no es más que una represalia política elaborada por poderosos empresarios guatemaltecos y por el gobierno de Estados Unidos, ante su negativa de plegarse a sus intereses. También dijo que la solicitud de extradición constituye una violación de sus derechos humanos.

El máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, avaló la extradición en agosto pasado, después de que fuera firmada por el ex presidente Álvaro Colom, a pocas semanas de dejar su cargo en enero de 2012.

En 2011, un tribunal guatemalteco declaró inocente a Portillo de acusaciones de haberse robado 15 millones de dólares del Departamento de Defensa del país, cuando gobernó Guatemala de 2000 a 2004.

Portillo fue extraditado la misma semana que la Corte de Constitucionalidad anuló una condena de genocidio en contra de otro ex presidente, el ex dictador Efraín Ríos Montt, que ordenó rehacer parte del proceso. Esta ha sido una decisión duramente cuestionada y criticada en la región e, incluso, en Estados Unidos.

En 2010, la policía capturó a Portillo en una playa preparándose para huir de Guatemala por barco, un día después que las autoridades de Estados Unidos lo acusaran de lavado de dinero.

En los últimos años, Guatemala ha estado luchando por construir un sistema de justicia creíble, incluso con la ayuda de un equipo de fiscales internacionales enviados por la ONU.

La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, órgano independiente de carácter internacional y que apoya a instituciones de investigación del país centroamericano desde 2007, se unió a la pesquisa contra Portillo y lo persiguió penalmente junto a la fiscalía.

Para Óscar Vásquez, director general de la organización Acción Ciudadana la extradición de Portillo muestra las dificultades que enfrenta el sistema de justicia del país.

"Al igual que en el caso por genocidio en Guatemala, la justicia da muestras de caos, confusión y desorden, ante eso ya no se sabe quién tiene la razón si el Estado al extraditarlo o sus defensores" dijo Vásquez. "Ante este caos parece que no nos queda más que confiar en la justicia de terceros, esto muestra la incapacidad de la justicia para manejar casos de alto impacto".

La extradición de Portillo encendió la participación ciudadana en las redes sociales, principalmente contra el gobierno guatemalteco por la manera cómo extraditó a Portillo, pues muchos lamentaron que la prensa no pudiera hablar con él y conocer sus opiniones al respecto como se ha hecho en otras extradiciones.

El ex diputado Iván Arévalo, del Frente Republicano Guatemalteco, partido que llevó a Portillo al poder, dijo entre lágrimas que con la extradición se había violentado el debido proceso.

El ex presidente ya había sido extraditado en 2008 a Guatemala desde México.

Portillo llegó a México días después de entregar el poder en enero de 2004 y en agosto siguiente obtuvo una visa de trabajo, luego de que un amigo mexicano en el estado sureño de Guerrero, donde vivió en la década de 1980, lo contrató para trabajar como "asesor financiero" en su empresa de distribución de materiales para construcción.

Pero el ex mandatario ya había estado en México antes, de donde huyó en 1982, luego de matar a dos hombres en una riña en Guerrero.

Cuando era candidato a la presidencia en 1999, Portillo reconoció que había matado a dos de sus antiguos alumnos cuando era profesor en el estado sureño de Guerrero.

El incidente ocurrió en 1982 y el ex mandatario dijo que les disparó a los dos hombres luego de una fiesta en que una discusión terminó resolviéndose con violencia.

Portillo alegó que los asesinatos fueron en defensa propia y dijo que huyó de México porque temía afrontar un juicio injusto.

Un juez de Guerrero cerró el caso en 1995.

AP