18 de agosto de 2013 / 01:22 a.m.

  

La Paz • El húngaro Elöd Tóásó, juzgado en Bolivia por supuesto terrorismo, afirmó que el irlandés Michael Martin Dwyer fue ejecutado en 2009 por la Policía en el aeropuerto de la ciudad oriental de Santa Cruz y no durante un operativo antiterrorista, informaron hoy medios locales.

Tóásó hizo esta revelación en una comparecencia el viernes ante un juez en Santa Cruz, dentro del proceso que él y otras 38 personas enfrentan desde hace cuatro años por un supuesto complot contra el presidente Evo Morales y un presunto intento de dividir territorialmente Bolivia.

Con ayuda de un intérprete, el húngaro relató en la audiencia que después del operativo policial, realizado en un hotel de Santa Cruz en abril de 2009, fue llevado a un aeropuerto, donde pudo reconocer a Dwyer por un tatuaje que tenía en el brazo.

"A Michael Dwyer lo vi con vida, él estaba a mi derecha y Mario Tadic a mi izquierda, también encapuchado. Cuando los policías se dieron cuenta de que yo estaba mirando, me arrastraron dos metros más allá, me golpearon, escuché disparos. Después vi a Mario Tadic entrar al avión", dijo Tóásó, según el diario cruceño El Deber.

La versión conocida hasta ahora, la de las autoridades bolivianas, era que el irlandés murió durante el operativo policial para desarticular a la supuesta banda terrorista.

En este operativo también murieron el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, a quien las autoridades identificaron como el líder del supuesto grupo terrorista, y el rumano Árpád Magyarosi, mientras que sobrevivieron Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic.

Pero Dwyer también sobrevivió el operativo, según Tóásó, quien volvió a denunciar que sus derechos fundamentales fueron violados en la detención y durante el proceso de la Justicia boliviana. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descalificó las declaraciones del húngaro, a quien criticó por hacer esa denuncia cuatro años después de lo ocurrido, según la agencia estatal ABI.

"Son artimañas de un imputado para modificar la relación de los hechos en el proceso, pero confío en que el Ministerio Público tendrá la capacidad de investigar este tipo de aseveraciones", declaró.

El Gobierno húngaro ha manifestado varias veces su preocupación por la situación de Tóásó porque la legislación boliviana establece un plazo máximo de tres años para que una persona sea sentenciada, pero en este caso se han cumplido ya cuatro años sin sentencia.

Las audiencias del juicio se han celebrado en cinco ciudades y el proceso ha atravesado numerosos problemas, incluida la renuncia del principal fiscal acusador, Marcelo Soza, en medio de denuncias de un supuesto vínculo de este con un grupo de abogados del Gobierno detenidos por corrupción.

El Ejecutivo boliviano también ha criticado la lentitud con que el juicio se desarrolla porque asegura que sí hubo un plan de sedición y de magnicidio en 2008 y 2009, apuntalado por los extranjeros y financiado por líderes autonomistas cruceños. Los 39 acusados en este caso rechazan tales denuncias y sostienen que toda la trama fue un montaje del Gobierno para perseguir a opositores.

EFE