31 de enero de 2013 / 03:02 a.m.

Iñaki Urdangarin y su ex socio tienen un plazo de cinco días para el pago de la cantidad, que fue fijada por el juez para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, mientras el ayuntamiento de Palma de Mallorca retira el nombre de la calle "Duques de Palma".

 Palma de Mallorca, España • El juez que instruye el caso de corrupción en el que está imputado Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8.1 millones de euros (casi once millones de dólares) a éste y a su ex socio Diego Torres, también imputado.

La fianza busca cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en este caso que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que presidió Urdangarin, casado con la hija menor del Rey, la infanta Cristina.

El magistrado, José Castro, les da un plazo de cinco días para el pago de la fianza, según confirmaron a Efe fuentes jurídicas. En su auto de hoy, el juez acordó fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, y la cifra se ajusta a la que habían solicitado tanto la Fiscalía española como la acusación popular, que ejerce un sindicato llamado Manos Limpias.

El magistrado Castro advirtió hoy a Urdangarin y a su ex socio de que procederá al embargo de sus bienes en caso de que en el plazo de cinco días no depositen la fianza. Según el auto, el juez señala a los dos principales imputados que si no prestan la fianza "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".

Dentro de ellos, el juez señala las participaciones de las que sean titulares Urdangarin y Torres en distintas entidades, como Nóos Consultoría Estratégica S.L., o la inmobiliaria Aizoon S.L.- propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina- "y cualquiera otra en cuyo capital social participen".

El juez admite que la fianza sea prestada "en cualquiera de las formas admitidas en derecho", y dada su cuantía elevada, les amplía el plazo de presentarla a cinco días hábiles a contar "desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución", que, no obstante, puede ser recurrida en reforma y apelación.

Ayer, martes, el mismo juez citó a declarar a Carlos García Revenga, secretario de las hijas del rey Juan Carlos, las infantas Elena y Cristina, como imputado en este caso de supuesta corrupción. García Revenga deberá declarar el próximo 23 de febrero, el mismo día en que está citado también Urdangarin.

El secretario de las infantas, que fue tesorero de Nóos, se proclamó inocente el pasado 24 de enero mediante un comunicado. El juez citó a García Revenga para interrogarle como imputado sobre el cargo y funciones que desempeñaba en el citado Instituto o en cualquiera de las entidades mercantiles de su entorno, así como para preguntarle sobre su conocimiento de las actividades que desplegaba la entidad.

El abogado de Diego Torres, ex presidente de Nóos y ex socio de Urdangarin, presentó la semana pasada un escrito ante el juez en el que aseguraba que en dicha entidad "se le consultaba todo" al secretario de las infantas.

Urdangarin ha sido citado para el 23 de febrero para declarar sobre tres presuntos delitos de fraude fiscal, casi un año después de su anterior declaración acerca del supuesto desvío de fondos públicos al instituto Nóos.

El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración. En este caso se investiga el supuesto desvío de unos 6.1 millones de euros procedentes de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

De otra parte, el ayuntamiento de Palma de Mallorca (islas Baleares) informó hoy que ha decidido retirar el nombre de la calle dedicada a "Los Duques de Palma" debido a la "indignación" popular por la presunta implicación de Iñaki Urdangarin en un caso de corrupción.

Dicha calle, uno de los principales paseos de la ciudad, volverá a denominarse "La Rambla" como antiguamente, por "respeto a la opinión ciudadana" tras constatar la "indignación" de los palmesanos en relación con el caso del Instituto Nóos. Así lo anunció hoy el portavoz del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez, quien destacó que esta decisión se tomó hace varios días.

El portavoz señaló que el cambio no tiene nada que ver con la situación procesal del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ni con la fianza de 8.1 millones de euros (casi once millones de dólares) que le impuso hoy el juez que instruye el caso. El equipo municipal entiende que el cambio del nombre de la calle es "una demanda generalizada" de los palmesanos.

Martínez informó que el alcalde de Palma, Mateo Isern, por "lealtad institucional", ha comunicado esta decisión a la Casa Real, que mostró su respeto hacia la autonomía municipal.

EFE