17 de febrero de 2013 / 06:46 p.m.

El ex socio del duque de Palma afirmó que la infanta Cristina intervenía en la toma de decisiones en Nóos, instituto investigado por desvío de fondos públicos.

 

Madrid.- Diego Torres, imputado en un caso de corrupción junto con su ex socio Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, aseguró ayer ante un juez que la Casa Real y la segunda hija del monarca conocían las actividades del Instituto Nóos.

Fuentes judiciales informaron a la agencia española EFE que en su declaración ante el juez de un tribunal de Palma de Mallorca (Islas Baleares), Torres aseguró ayer que la infanta Cristina y la Casa Real estaban al tanto de todas las actividades del Instituto Nóos porque Urdangarin les informaba, aunque alegó que todas las actuaciones realizadas en esa entidad eran legales.

Torres declaró que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, y su secretario, Carlos García Revenga, eran miembros de la junta directiva de la entidad, con un papel tan activo como el del resto de integrantes de la misma.

En este caso se investiga el desvío de 6.1 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que presidió Urdangarin y en la que Torres era su socio.

El imputado, que presentó nueva documentación sobre la gestión de Nóos, indicó ante el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach que en el órgano de dirección del instituto cada miembro aportaba según sus conocimientos.

La defensa del ex socio del duque de Palma entregó al juez correos electrónicos y documentos sobre la gestión del Instituto Nóos con la intención de poner de manifiesto que tanto la infanta como García Revenga intervenían en la toma de decisiones.

Pero de acuerdo a la versión digital del diario español El País, la “fiscalía ve ‘difuminada’ la posible responsabilidad de Cristina de Borbón después de que, al insistirle en el interrogatorio, Torres afirmara que ella no iba a la sede, que no hay cobros directos por su parte y que no realizaba gestiones”.

Ante ese tipo de argumentaciones, el rotativo madrileño afirmó que la fiscalía “no tiene previsto citarla a declarar”.

Iñaki Urdangarin también está imputado en el caso Nóos, concretamente por cargos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Según las citadas fuentes, Diego Torres afirmó al juez que él y Urdangarin negociaron en marzo de 2004 en la residencia real del palacio de La Zarzuela, cerca de Madrid, la celebración del foro deportivo Valencia Summit con el entonces presidente de la región autónoma de Valencia (este de España), Francisco Camps, y la alcaldesa de la ciudad de Valencia, Rita Barberá.

El Valencia Summit fue un evento sobre deporte del que se celebraron tres ediciones en 2004, 2005 y 2006 en Valencia y por el que Urdangarin y Torres habrían percibido fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados.

En la reunión de la Zarzuela solo participaron él, Urdangarin, Camps y Barberá según declaró el propio Torres que, a preguntas del juez, negó que estuviera presente el rey Juan Carlos.

MILES CONTRA HIPOTECAS

Miles de personas se manifestaron ayer en diferentes ciudades españolas reclamando una nueva ley que ponga fin a las expulsiones de propietarios arruinados por la crisis económica incapaces de pagar las hipotecas.

El Parlamento español abrirá un debate en torno a una petición popular presentada el pasado martes con más de 1.4 millones de firmas para paralizar los desalojos.

La organización que impulsó la petición, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), convocó las manifestaciones de ayer para presionar a los diputados para que votasen rápido la ley.

La Plataforma sostiene que centenares de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008.

La recesión que produjo el colapso económico llevó el desempleo hasta el 26 por ciento de la población activa, por lo que muchos no pueden pagar las hipotecas por sus viviendas, cuyo valor de venta cayó.

EFE