6 de febrero de 2013 / 03:06 a.m.

Madrid • El juez español que instruye el caso "Gürtel", Pablo Ruz, investiga si los veintiún imputados por delitos fiscales en esta causa de corrupción ligada presuntamente a cargos del Partido Popular se acogieron a la llamada amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional acepta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de preguntar a Hacienda sobre este particular a partir del año 2003. Ello a la vista de que uno de los imputados, Alfonso García Pozuelo (ex propietario de la empresa Constructora Hispánica) reconociera que se acogió a la declaración tributaria especial.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó año pasado una amnistía fiscal con el objetivo de hacer aflorar dinero negro, en virtud de la cuál sólo se debía abonar el 10 % del dinero defraudado. Entre los imputados sobre los que se reclama esta información figuran el presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, y Pablo Crespo, otro de los principales implicados en el caso Gürtel.

En la lista están también los ex diputados regionales de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ambos del Partido Popular, también sospechosos de haber recibido pagos de la trama. Figura asimismo en la lista Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad de Pozuelo (comunidad de Madrid) y exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato.

El fiscal considera que Sepúlveda podría haber recibido "cuantiosas dádivas procedentes del entorno de Francisco Correa bien en efectivo o bien en forma de viajes, coches u otros regalos, al menos desde el año 2000 y hasta el año 2005". En la lista aparecen otros empresarios y ex políticos del Partido Popular.

El escrito solicita a la Agencia Tributaria las posibles declaraciones tributarias especiales de estas personas y empresas, ante "la necesidad de constatar" si se acogieron a la amnistía fiscal estando imputados en el caso Gürtel por delitos contra la Hacienda Pública.

El llamado "caso Gürtel" sobre corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ligado presuntamente a cargos del PP estalló hace cuatro años tras una operación coordinada por el entonces juez Baltasar Garzón.

En febrero del pasado año, Garzón fue inhabilitado como juez tras tras haber sido condenado por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios de los imputados en este caso de corrupción y sus abogados.

Según se conoció hoy, el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, protagonista del escándalo de los "sobres" con remuneraciones que sacude al PP y al gobierno español, se acogió a esa amnistía fiscal el pasado año, con fondos procedentes de una cuenta que tenía en Suiza, con los que pagó a la Hacienda española 1.2 millones de euros.

Así figura en un informe de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco de España, que fue enviado al juez Pablo Ruz.

La publicación de unos documentos supuestamente de Bárcenas, que indicarían la existencia de una contabilidad opaca en el PP y el pago de sobresueldos en dinero negro a sus dirigentes, incluido el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha causado un gran escándalo en España y una conmoción en el partido gubernamental.

El magistrado ha citado a Bárcenas a declarar el próximo día 25 de febrero en relación con las cuentas que el ex tesorero del PP tuvo en Suiza y en las que llegó a tener más de 22 millones de euros, según documentos judiciales.

En un auto el juez explica que, según el mencionado informe de SEPBLAC, Bárcenas transfirió a la entidad española Bankia fondos procedentes una nueva cuenta en el banco suizo Lombard Odier a nombre de Tesedul.

Además, el informe explica que Bárcenas abrió otra cuenta en Bankia a nombre de Granda Global, sociedad radicada en Panamá, a la que traspasó fondos desde la otra cuenta en la misma entidad.

A raíz de estos "nuevos indicios de relevancia", el juez ha enviado un oficio a Bankia en el que le pide que le remita de manera urgente toda la documentación sobre las cuentas a nombre de Tesedul y Granda Global, y reclama ampliar la comisión rogatoria a Suiza para que le informe sobre la nueva cuenta descubierta en Suiza por el Banco de España.

También le pide toda la información, desde apoderados, préstamos e hipotecas, tarjetas, cajas de seguridad y correspondencia, a nombre de Bárcenas. Bárcenas usó la primera cuenta en Bankia para acogerse a la amnistía y destinar otros 320 mil euros a la ampliación del impuesto de sociedades en septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, señala el informe.

En concreto, se relata en el informe cómo "los fondos con los que se habrían abonado los importes correspondientes" a la amnistía fiscal y la declaración complementaria del impuesto de sociedades de Tesedul del ejercicio 2011 procederían de la nueva cuenta de Suiza.

La defensa de Bárcenas presentó hace unos días un escrito en la Audiencia Nacional española en el que explicaba que este ha regularizado 10'988,040 euros acogiéndose al Real Decreto de amnistía fiscal, reconociendo que corresponden "a fondos a nombre de Tesedul no declarados en su día y ahora regularizados".

En las dos cuentas en Bankia constaba la firma autorizada de Iván Yáñez, quien le sirvió a Bárcenas como apoderado en varias transacciones financieras aparecidas en la comisión rogatoria y en concreto cuando vació el dinero de sus cuentas en Suiza tras su imputación en 2009 en el caso Gürtel de corrupción en España.

El juez indicó, sin embargo, que de momento no ve indicios sobre la existencia de una supuesta "caja B" en la que Bárcenas habría utilizado "dinero negro" para pagos ocultos a miembros de la cúpula del PP, entre ellos el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, según reveló el diario El País y que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

El caso Bárcenas ha levantado una gran polémica en España, ante la que altos cargos del PP y el propio Rajoy, han negado tajantemente la existencia de dichos pagos ocultos.

Bárcenas dijo ayer en declaraciones a la televisora Antena 3 que la supuesta contabilidad manuscrita publicada en el diario El País es una "burda manipulación" y que "ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta" y avanzó que que sus abogados estaban preparando las acciones legales pertinentes.

EFE