9 de abril de 2013 / 11:26 p.m.

Ciudad de México • En México las mujeres víctimas de violación sexual no tienen acceso a la interrupción legal del embarazo ni a la píldora de emergencia, como establece la NOM 046 y, por el contrario, se han incrementado a lo largo del país, en aproximadamente 150 por ciento, las denuncias y encarcelamiento anuales contra a aquellas que pierden el producto por diversas razones, muchas veces por vivir en situación de pobreza, informó Regina Tamez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

Al presentar Informe Anual: “Omisión e indiferencia: derechos reproductivos en México”, de Gire, Tamez precisó que en todo el país, aunque principalmente en 17 estados, se incumple con la NOM-046-SSA2-2005 para atender a las víctimas de violencia familiar y sexual en sus servicios especializados, creados por el Gobierno Federal, y que consisten en otorgar un tratamiento integral de salud incluyendo tratamiento antirretroviral en caso de contagios de enfermedades.

Sin embargo, abundó, las procuradurías estatales se niegan a levantar la denuncia de manera inmediata y expedita o sencillamente alargar todo el proceso por más de 72 horas con lo cual ya no es posible que la píldora de emergencia sea efectiva y se pueda interrumpir un posible embarazo no deseado.

“Lo grave es que de acuerdo con los datos recabados en todo el país a través de las diferentes procuradurías estatales, el número de mujeres denunciadas por practicarse un aborto pasó de 62 a 163.8 casos cada año.

“Actualmente existen 679 mujeres denunciadas por el delito de aborto entre 2009 y 2011, lo cual resulta gravísimo si se considera que en 15 años, de 1992 hasta 2007, en promedio se denunciaban 62 mujeres al año”, explicó Tamez a MILENIO.

“En el Informe se establece que el tipo de mujeres que están encarcelando son pobres, indígenas o que habitan en zonas rurales, muchas desconocían estar embarazadas.Llegan a los servicios de salud con una hemorragia que compromete su vida y el médico, enfermera o trabajadoras sociales, antes de atenderla llaman a la policía y ahí si la autoridad asiste con prontitud, levanta la denuncia, queda en calidad de detenida hasta que es trasladada a reclusorios o centros penitenciarios”, dijo la directiva de Gire.

En Chihuahua, citó como ejemplo, se detectaron 831 delitos de violación contra mujeres entre 2007 y 2012, pero de estos sólo tres recibieron la píldora de emergencia y accedieron a los servicios de salud conforme a lo establecido a la NOM 046.

Y en San Luis Potosí, subrayó, la autoridad no dejó muy en claro durante la investigación que no era competente para acatar la NOM 046.

“La mayoría de las procuradurías no están emitiendo autorizaciones para aborto por violación. En los últimos cinco años solamente se emitieron 39 autorizaciones en todo el país”, aclaró Tamez.

GIRE ha registrado 18 casos de mujeres procesadas de junio de 2011 a enero de 2013, por el delito de aborto. “Son mujeres de bajos recursos económicos, maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías”.

La persecución contra las mujeres, abundó, se incrementó a partir del 26 de abril de 2007, cuando se hicieron modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, que ha permitido la interrupción legal del embarazo de alrededor mil 400 mujeres cada mes, cerca de 117 mil desde 2007 hasta la fecha.

El informe conformado con datos estadísticos oficiales, cumplimiento de la norma oficial mexicana y obtenidos mediante el IFAI se establece que las mujeres “no están accediendo de forma efectiva a la información y servicios de anticoncepción de emergencia, a pesar de existir la obligación de las instituciones públicas del sistema nacional de salud de ofrecerla en un plazo no mayor a 120 horas después de ocurrida la violación sexual de acuerdo con la NOM 046”.

La PGR no considera como parte de sus obligaciones proveer información a las víctimas de violación sexual, máxime que esta procuraduría tiene entre sus fiscalías la Especial para los Delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas en estados como Baja California, Colima, Durango, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Tamaulipas, y Chihuahua.

La NOM 046, avalada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se basa en el hecho de que al año se reportan 200 mil mujeres víctimas de violación y sólo el 1.65 por ciento, es decir, 3 mil 300 denunciaron y acudieron a alguno de los 273 centros especializados de atención a la violencia donde se les debe de otorgar todo un paquete de atención que va desde el suministro de la llamada píldora del día siguiente hasta la práctica de un aborto médico.

Las organizaciones como Gire estiman que en México se practican más de 1 millón de abortos inducidos. Una de cada seis mujeres que recurre a la interrupción clandestina, carece de atención hospitalaria. “Son las mujeres pobres, menos educadas e indígenas, las que tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas. Tan solo en 2010, el aborto fue causa del 11 por ciento de las muertes maternas en México”.

Y aunque los estados se han blindado para proteger la vida desde la concepción, aclaró, la ley establece que cuando hay violación se debe tener acceso legal a un aborto y a acceso integral con la píldora de emergencia, entre otros aspectos. Sin embargo, se les aplica todo el rigor por “cometer” el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo.

Otro aspecto del Informe es que el Gobierno Federal, el ISSSTE, el IMSS, y la SSA incumplen con la norma que obliga al estado promover los anticonceptivos entre los jóvenes, de ahí que el 61.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años usen algún método en su primera relación sexual. De hecho, el primer embarazo se presenta con mayor frecuencia, 26.8%, entre las menores de edad.

La cobertura anticonceptiva se elevó a 72.5% entre todas las mujeres unidas, pero fue sólo de 58.3% entre mujeres indígenas, 63.7% en mujeres de zonas rurales y 60.5% entre mujeres sin escolaridad.

Pero ello es causante de las principales causas de mortalidad materna, preeclampsia, eclampsia y hemorragias ocurridas antes, durante y después del parto. La tercera causa de muerte en 2010 y 2012 fue el aborto.

En 2011 la razón de mortalidad materna en México fue de casi 51 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. De seguir esta tendencia, no se cumplirá el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna en un 75% para 2015.

En 2010, más de 91% de las mujeres fallecidas por una causa materna llegaron a un establecimiento hospitalario y recibieron algún tipo de cuidado antes de morir, lo que habla de una deficiente calidad en la atención de emergencias obstétricas en los servicios de salud.

En 2010, en cinco entidades federativas se concentraba el mayor porcentaje de muerte materna en mujeres hablantes de una lengua indígena: Oaxaca (55.9%), Guerrero (47.2%), Chihuahua (35.9%), Yucatán (25.0%) y Chiapas (24.6%).

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas en promedio una de cada cuatro mujeres fallecidas por una causa materna murió en su casa. En Guerrero y San Luis potosí 15% fallecieron en la vía pública. Estas cifras evidencian un serio problema de acceso a los servicios de salud reproductiva y de urgencia obstétrica, sobre todo en los estados con población indígena o marginada.

En 2010, siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva ha estado en riesgo de sufrir violencia obstétrica.

BLANCA VALADEZ