EFE
30 de julio de 2013 / 10:27 p.m.

 

Santiago • El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos Ben Emmerson planteó hoy tres recomendaciones a Chile para aplacar el conflicto mapuche y advirtió del riesgo de que la violencia escale, dado que el contexto actual es "potencialmente explosivo".

Tras una visita de dos semanas, Emmerson aconsejó al Estado chileno implementar una estrategia nacional sobre la problemática mapuche y poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista y a la impunidad en las muertes de indígenas.

El relator hizo públicas estas recomendaciones en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago, al término de una visita que comenzó el 17 de julio tras una invitación del Gobierno chileno.

En estas dos semanas, Emmerson se reunió con altos funcionarios del Gobierno chileno, con integrantes del Poder Judicial y Legislativo, con miembros de los dos cuerpos policiales y con representantes de la Iglesia y de distintos organismos de la sociedad civil.

Su misión se centró en analizar el conflicto mapuche, pueblo que desde los años noventa se enfrenta en las regiones sureñas del Biobío y de la Araucanía a empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que considera ancestrales.

Por estos hechos han muerto tres mapuches en la última década por disparos de policías, un carabinero que fue alcanzado por una bala durante un allanamiento y un matrimonio de ascendencia suiza y dueño de un predio que fue incendiado en enero, hecho por el cual hay un joven indígena en prisión preventiva.

"Chile actualmente no enfrenta una amenaza terrorista significativa en su territorio", estimó sin embargo el relator especial de la ONU sobre la protección y promoción de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Pero Emmerson sí ve riesgos de que el conflicto mapuche se agrave y por ello recomendó al Estado de Chile que adopte "con urgencia" una estrategia nacional sobre este problema dentro de "un plazo definido y relativamente breve".

De no ser así, advirtió, esta situación "podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada".

Esa estrategia, según Emmerson, debe ser diseñada en conjunto por el Gobierno y por una nueva comisión consultiva nacional e incluir la "repatriación" de las tierras, el reconocimiento de los derechos de los mapuches y el fin de la discriminación institucional y judicial.

Para ello, solicitó el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, así como la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

En segundo lugar, Emmerson recomendó poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista -que prevé penas más duras que la legislación común- en causas vinculadas con sus reclamaciones territoriales y pidió además enmendar o derogar esa normativa.

Esa legislación, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, "se ha convertido en parte del problema y no de la solución", señaló el relator, que insistió en que se debería dejar de invocar "en este contexto políticamente delicado y potencialmente explosivo".

El relator consideró además que la labor de los fiscales y jueces y la protección de los derechos de las víctimas de la violencia se puede llevar a cabo mediante la aplicación de la legislación penal ordinaria.

Por último, el alto funcionario de Naciones Unidas aconsejó terminar con la "actual situación de impunidad de facto" por los delitos cometidos por agentes de Carabineros, que han causado la muerte de tres jóvenes mapuches desde 2002.

Los mapuches, que con unos 600.000 miembros constituyen la principal etnia de Chile, viven en su mayoría en comunidades rurales y sufren altos niveles de pobreza.

Algunos grupos han protagonizado quemas de maquinaria agrícola, de predios o de casas, a lo que la policía responde con allanamientos en los que los mapuches denuncian un uso excesivo de la fuerza.

Emmerson subrayó que el próximo Gobierno que asuma el poder en marzo de 2014 debería considerar la solución de este conflicto como una "prioridad política".

Estas recomendaciones se incluirán en el informe anual que el relator presentará en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A consultas de Efe, fuentes del Gobierno indicaron que no estaba previsto emitir este martes un pronunciamiento al respecto.

En tanto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, organización vinculada a los mapuches, coincidió en que "la aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley antiterrorista, combinada con la impunidad y la falta de solución de los problemas de raíz son hechos que van generando violencia".

"Nosotros hemos hablado de la espiral de violencia. Y si el Estado genera violencia y no la sanciona, se corre el riesgo de que esa violencia sea respondida", declaró a Efe.