24 de abril de 2013 / 01:39 p.m.

Buenos Aires • No es fácil explicar un lío, sobre todo cuando hay grandes intereses en juego y la sociedad se ha polarizado de tal manera que hasta se han roto lazos familiares y amistades: contra Cristina K o a favor de Cristina K. En el medio no hay grises, todo es blanco o negro y esto ayuda a ocultar los grandes intereses que se están moviendo por debajo del debate.

Pero, para comenzar por el principio o por el último conflicto, hay que hablar de una iniciativa de ley para reformar el Poder Judicial que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el pasado 10 de abril para una sanción “"exprés"”, considerando que el Frente para la Victoria, su partido, tiene mayoría en ambas cámaras.

La reforma del Poder Judicial es una asignatura pendiente desde el reinicio de la democracia después de la última dictadura militar (1976-1983) —una justicia lenta, burocrática, conservadora e inaccesible a las mayorías—, pero la iniciativa presidencial no se ocupó de estos problemas, sino que hizo hincapié en aspectos que abonaron las sospechas de que fundamentalmente se trataba de una operación para impedir los recursos de amparo que imposibilitaron la puesta en práctica de la Ley de Medios, en especial el artículo que obligaba al multimedios Clarín a desembarazarse de gran parte de sus posesiones.

El proyecto de ley enviado al Congreso bajo el nombre de “Democratización de la Justicia” fue duramente cuestionado por juristas y legisladores porque propone que los miembros del Consejo de la Magistratura —el órgano que selecciona y renueva a los jueces— sean elegidos directamente por el pueblo a través de las listas electorales de los partidos políticos; quita a la Corte Suprema de Justicia —el mayor logro político del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien designó jueces probos e independientes— la posibilidad de manejar sus fondos y los hace depender del mismo Consejo de la Magistratura; omite legislar sobre la necesidad de que los jueces y demás funcionarios judiciales paguen el impuesto a la renta; y sobre todo, retrocede en el logro de los últimos años al quitar el requisito de que los funcionarios judiciales deban declarar el origen de sus fondos, las sociedades financieras y demás, lo que quita transparencia a la investigación sobre posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sobre este mar de fondo irrumpió la investigación televisiva del periodista Jorge Lanata —reconocido periodista de investigación que trabaja ahora para el grupo Clarín— en su programa de los domingos por la noche, lanzando la denuncia del lavado de dinero en cifras multimillonarias que se vendría realizando desde la presidencia de Néstor Kirchner, a través del empresario Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial. Con récords de audiencia de 30 puntos, el programa “Periodismo para Todos” mostró la ruta del lavado con declaraciones de implicados que crearon cuentas fraudulentas en paraísos fiscales de Panamá y Belice con depósitos finales en un banco suizo.

El impacto de la revelación sacó a la calle a un millón de personas —y miembros de partidos políticos opositores— en las principales ciudades del país con la consigna: contra la reforma judicial la corrupción oficial. En simultáneo se conoció la noticia de que la empresa brasileña Embraer confirmó a EU que inició una causa interna por la venta de aeronaves E-190 a cinco países, entre ellos Argentina, por una operación para su controlada Austral por 698 millones de dólares en 2009. Reflotaron así las sospechas según las cuales se habrían pagado entre cinco y seis millones de más por cada avión, que según el ministro de Planificación, Julio de Vido se habrían ido en servicios adicionales, repuestos y pilotos... Como si esto fuera poco, la prestigiosa marca norteamericana Ralph Lauren admitió el lunes pasado que pagó sobornos por 568 mil dólares a tres funcionarios de la Aduana argentina entre 2005 y 2009 para asegurar el ingreso de mercadería a ese país ya que desde 2004 rigen restricciones para la importación.

En medio de preparativos para una nueva manifestación multitudinaria frente al Congreso, convocada para hoy, los legisladores del oficialismo dieron marcha atrás y aceptaron ayer tratar algunas modificaciones a los proyectos en Diputados.

CLAUDIA SELSER