10 de julio de 2013 / 01:22 p.m.

Bogotá• La Unión Patriótica (UP), un partido colombiano de izquierdas que surgió en 1985 tras un acuerdo entre el Gobierno y las FARC y al que le asesinaron a miles de sus militantes durante los años ochenta y noventa, recuperó la personería jurídica y podrá participar en los comicios de 2014, informó hoy el Consejo de Estado.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo del país, tras resolver una demanda del partido y anuló así una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en el 2002 decidió quitarle esta condición jurídica.

El presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, dijo hoy que este fallo "significa, en términos jurídicos, que la Unión Patriótica nunca perdió la personería jurídica". Según el tribunal de lo contencioso administrativo, el CNE se excedió de sus competencias en 2002 al retirarle la personería jurídica a la UP, que había sido objeto de un "genocidio político".

Vargas agregó que este tribunal "encontró que el partido UP, para dicha época, afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio que por cuenta de manos oscuras venían siendo víctimas sus dirigentes militantes y candidatos".

El presidente de este organismo explicó además que en ese momento la UP se encontraba en una situación anómala para cumplir el requisito "indispensable" de alcanzar los 50 mil votos y una curul en las elecciones para no perder la personería jurídica.

El fallo del Consejo de Estado considera que el CNE, organismo que regula el cumplimiento de la actividad electoral, debió tratar a la UP con un "rasero diferente al que normalmente se empleaba para evaluar otro tipo de partidos".

Agregó que ahora la "consecuencia lógica en el lenguaje jurídico es que vuelven las cosas a su estado anterior, como si nunca hubiera perdido su personería jurídica, y puede participar en una contienda electoral".

La UP nació en 1985 por un acuerdo entre el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y desde entonces más de tres mil de sus militantes fueron asesinados por paramilitares y fuerzas del Estado.

Dos de sus candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, al igual que ocho congresistas, trece diputados regionales y al menos once alcaldes, cayeron asesinados en diferentes partes del país. Algunos de sus cuadros dirigentes, al ver el extermino a que fueron sometidos sus copartidarios, abandonaron el país.

Uno de los primeros en celebrar la decisión hoy fue el congresista Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP, Manuel Cepeda. El congresista afirmó que este es un "gesto trascendental de justicia y de reparación para las víctimas de la violencia política en el país".

"(Se trata) apenas de la cuota inicial de lo que debe ser una verdadera reparación política, pues no basta solamente con devolver una personería jurídica, sino que es necesario rodear con garantías a los miembros de este movimiento que fue sometido a un genocidio", agregó Cepeda.

La decisión sobre la UP se conoce justo cuando las FARC y el Gobierno colombiano acaban de culminar hoy en La Habana el undécimo ciclo de conversaciones del proceso de paz en el que abordan el segundo punto de la agenda, sobre la participación política de la guerrilla tras un eventual acuerdo.

En este punto, las FARC habían propuesta la promulgación de medidas de reparación a la UP. La guerrilla no ha definido aún cual sería la plataforma política con la que sus miembros participarían en el sistema electoral.

EFE