20 de diciembre de 2013 / 03:04 p.m.

Madrid.- El Gobierno español aprobó hoy una reforma de la ley del aborto que anula la interrupción libre y voluntaria del embarazo hasta la semana décimo cuarta, ahora en vigor, y adopta una que prevé dos supuestos: daño físico o psíquico a la madre y embarazo como resultado de una violación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó hoy la nueva normativa, que deja fuera el supuesto de aborto por malformación del feto, aunque podría darse si de ello se deriva un perjuicio psíquico o físico a la madre.

En el caso del aborto por daño a la madre, podrá realizarse hasta la semana vigésimo segunda, mientras que en el caso de un embarazo por violación podrá hacerse hasta la décimo segunda semana y siempre que haya existido una denuncia previa del delito sexual.

La interrupción del embarazo se hará con determinadas condiciones, como un informe suscrito por dos médicos que la motive adecuadamente y que se practique en centros reconocidos.

La despenalización del aborto en España tuvo lugar en 1985 y fue impulsada por el Gobierno socialista de Felipe González para los supuestos de violación (hasta doce semanas), riesgo de malformaciones en el feto (hasta veintidós) y riesgo para la salud física y mental de la madre (sin límite).

Diez años más tarde la norma se amplió con un cuarto supuesto, para permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando supusiese a la mujer un conflicto personal, familiar o social.

En 2010 otro Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, fijó el aborto libre hasta la semana catorce, y hasta la veintidós en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y situó en los dieciséis años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo.

Ahora el Gobierno de Mariano Rajoy regresa en términos generales a la normativa de 1985, en cuando al reconocimiento de supuestos y no plazos.

La norma también obligará a que la mujer sea asesorada convenientemente antes de decidir si aborta y sin que ello sea un "trámite", como Gallardón considera que ocurre ahora.

EFE