17 de diciembre de 2013 / 01:42 a.m.

Quito.- El portal digital gubernamental El Ciudadano informó que la juez Miriam Buñay prohibió salir del país e impuso la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia a otros dos agentes penitenciarios, al exdirector del centro de detención provisional y a cinco policías que custodiaban el ingreso principal del recinto cuando se produjo la huida.

El fiscal del caso, Juan Carlos Núñez, presentó por su parte los indicios de supuesta responsabilidad de los imputados y los acusó de delito de evasión.

Los hechos ocurrieron a las 9.45 horas (14.45 GMT) de ayer, cuando un grupo de internos "sorprendieron y agredieron a varios guías penitenciarios" y cincuenta de los reclusos huyeron del recinto, aunque veinte fueron recapturados en las horas siguientes.

La presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, Ledy Zúñiga, dijo hoy que "se sospecha" de un boicot de los veinticuatro guías que están a cargo de la vigilancia de los más de 1.400 detenidos del centro.

Según dijo a la emisora Radio Majestad el plan era "lograr una gran revuelta dentro del complejo", si bien el ministro de Justicia en funciones, José Serrano, indicó que el "grupo de guías y de delincuentes" no logró "su objetivo, que era la fuga de delincuentes peligrosos".

El jefe de la Policía Judicial de Pichincha, Ramiro Ortega, indicó que uno de los fugados, supuesto cabecilla de la huida, estuvo vinculado en la muerte del ex boxeador Jaime 'La Bestia' Quiñónez, mientras que en el grupo figuran otros sobre quienes pesan desde infracciones leves hasta sentencias condenatorias, señaló el diario público El Telégrafo.

Las autoridades sospechan que los huidos "habrían violentado las puertas" para escapar, para lo que tuvieron que pasar por varias puertas hasta llegar al exterior.

En declaraciones a la emisora radio Majestad, Zúñiga reconoció que "obviamente hubo acciones negligentes" y admitió "un foco de corrupción" que involucra a "ciertos guías", al tiempo que mencionó la "falencia que ha habido en el proceso de formación de personal de seguridad", que ha durado "muy poco tiempo".

Un hecho que "llama sobremanera la atención" es que cinco guías no acudieron ayer a su turno de trabajo, indicó, y agregó que las investigaciones pretenden determinar si "estaban realmente enfermos" como, supuestamente, reportaron.

Tras el suceso, Serrano anunció ayer que 1.500 efectivos de la Policía reforzarán la vigilancia en las cárceles del país y que formarán parte de una recientemente creada Unidad de Contingencia Penitenciaria.

Equipos especiales de búsqueda de la institución ejecutan desde ayer "acciones operativas y de inteligencia" para intentar aprehender al resto de los reos que se fugaron.

La operación policial ha incluido la vigilancia de las carreteras que llegan a la ciudad, aunque el grueso de la acción ha estado concentrada en los alrededores de la cárcel y en algunos sectores del casco colonial de la urbe.

Asimismo, el servicio de vigilancia ciudadana ha brindado apoyo visual a los agentes por medio de las cámaras instaladas en la ciudad.

La fuga se dio en un momento en que el Gobierno alista un proyecto legal que le permita trasladar personal especializado de las Fuerzas Armadas a otros cuerpos de seguridad ciudadana, incluido el cuerpo de vigilancia penitenciaria.

En febrero pasado, 19 reos de una cárcel de máxima seguridad de la ciudad portuaria de Guayaquil se fugaron, pero todos fueron vueltos a capturar, algunos de ellos gracias a la colaboración de las policías de Brasil, Colombia y Perú.

EFE