10 de septiembre de 2013 / 01:12 p.m.

Chile • Antes del 11S de 2001, el 11 de septiembre era universalmente identificado como el día de otro ataque contra la democracia: la fecha en la que, hace exactamente cuatro décadas, Augusto Pinochet puso fin a la esperanza de una democracia progresiva, socialista y pacifista en Latinoamérica, dirigiendo un sangriento golpe militar en Chile.

El ataque brutal a los ciudadanos de un país implicó un periodo sostenido de violencia durante el cual el régimen de Pinochet recurrió a la tortura, las desapariciones y la muerte sistemática y selectiva de miles de personas, mientras enviaba mensajes de reforma y progreso.

En contraste, los ataques de 2001 fueron una masacre indiscriminada perpetrada por terroristas extranjeros, y la respuesta de EU fue rápida y poderosa, como se podría esperar del superpoder militar del mundo. El mensaje fue claro: las acciones contra EU tienen malas consecuencias.

Pero la “"guerra contra el terrorismo"” resultante ha tenido muchas consecuencias propias, dando paso a una era de grandes restricciones a los derechos y libertades civiles, y que ha recurrido a la tortura, las rendiciones y otras tácticas perversas. Lejos de contribuir a la seguridad, estas acciones han puesto en peligro todo lo logrado durante el siglo pasado en leyes de derechos humanos y normas que sirven para proteger a la población mundial.

Esta misma mentalidad dual fue evidente hace 40 años, cuando el gobierno de EU apoyó el golpe de Estado chileno. Salvador Allende llegó al poder con la visión de una democracia incluyente e igualitaria en Chile, que pudiera combatir la desigualdad social y la pobreza. Su derrocamiento fue coordinado por quienes temían a sus ideales socialistas más que a ninguna otra cosa. Prefirieron una dictadura violenta, impulsada por los intereses económicos y una ideología expansionista que favorecía el militarismo y el fascismo.

Por dos décadas, el gobierno autoritario de Chile anuló las esperanzas de los millones que habían apoyado la visión de Allende, utilizando la represión, la falta total de justicia y responsabilidad y la persecución constante de los defensores de la democracia. Sin embargo, durante este reinado de terror, los defensores de los derechos humanos chilenos persistieron y resistieron, presionando a la comunidad judicial internacional a que actuara de acuerdo a sus responsabilidades de garantizar los derechos del pueblo y dejara de mirar hacia otro lado ante la injusticia.

Pagaron un precio muy alto por su dedicación, pero eventualmente triunfaron. En 1998, Pinochet fue arrestado en Londres acusado de genocidio, tortura y terrorismo contra su propio pueblo. Cuando regresó a Chile se iniciaron investigaciones nuevas. Durante el curso de éstas, quedó claro para el mundo que el dictador apoyado por EU había roto todos los códigos éticos posibles. Además de su criminalidad violenta, también fue un depredador económico, habiendo utilizado su mandato y puesto para desviar miles de millones de dólares a cuentas bancarias secretas en EU, mientras miles de chilenos sufrían a causa de la pobreza.

Mientras que es cierto que la muerte se llevó a Pinochet antes de que el sistema judicial pudiera hacer justicia, también está claro que él ya había sido juzgado y declarado un traidor de su pueblo mucho antes de su deceso.

En lugar de aprender del ejemplo de la lucha chilena, y aceptar su responsabilidad por el sufrimiento que causó, el belicismo estadunidense y sus numerosas violaciones a la ley internacional, siguen adelante sin tomar en cuenta las victorias obtenidas a un alto precio por las víctimas de Chile y sus defensores.

Al acercarnos al aniversario de los 40 años de los devastadores eventos en Chile y de otra docena más desde los horrorosos ataques de 2001 en EU, debemos recordar que para honrar realmente la memoria de todos los que dieron la vida en la lucha por la democracia, debemos sostener los principios de libertad e igualdad que representa la democracia.

— LA ALDEA POR BALTAZAR GARZÓN-THE GUARDIAN