26 de junio de 2013 / 12:39 a.m.

SAO PAULO  — Los manifestantes volvieron el martes a las calles en protestas esporádicas, y más pequeñas, en un puñado de ciudades brasileñas para exigir mejores servicios de educación, transporte y salud.

Las manifestaciones se produjeron un día después de que la presidenta Dilma Rousseff propusiera una amplia gama de acciones para reformar el sistema político de Brasil.

Los manifestantes salieron de un barrio pobre de Río de Janeiro y pacíficamente marcharon hacia un acaudalado vecindario frente a la playa. En Sao Paulo, algunos grupos bloquearon autopistas, mientras que otros marcharon más temprano en los barrios pobres. Unas 1.000 personas marcharon en Niteroi y en otros cinco estados hubo manifestaciones.

La policía de Río de Janeiro lanzó un operativo en la barriada de Nova Holanda y mató al menos a ocho personas mientras buscaba al asesino de un agente que murió después de una protesta la noche anterior que degeneró en un enfrentamiento con manifestantes que saquearon tiendas y atracaron a los transeúntes.

"Creemos que las personas que están más interesadas en las demandas que se han planteado en las manifestaciones callejeras de los últimos días son los que viven en este tipo de zona empobrecidas", dijo Guilherme Boulos, uno de los líderes de las protestas del martes en los suburbios de bajos ingresos de Sao Paulo.

Hasta ahora, los manifestantes brasileños no parecen apaciguados por las propuestas de Rousseff, que desplazó parte de la carga para el progreso hacia el ampliamente detestado Congreso de Brasil, al pedir un plebiscito sobre la reforma política que los legisladores tendrán que aprobar. El Congreso dividido probablemente tendrá problemas para emprender cualquier acción rápida en un plebiscito así.

Los manifestantes han protestado en varias ciudades del país para ventilar una amplia gama de quejas, incluyendo la mala calidad de los servicios públicos y el alto costo de ser sede de la Copa del Mundo de fútbol el próximo año y los Juegos Olímpicos en 2016.

El miércoles se espera que unas 100.000 personas se manifiesten en la ciudad de Belo Horizonte antes de que Brasil juegue con Uruguay en las semifinales de la Copa Confederaciones.

Funcionarios de la ciudad decretaron un día festivo en Belo Horizonte, y las autoridades dicen que esperan confrontaciones con los manifestantes.

Joseph Blatter, presidente de la FIFA, tenía previsto asistir al partido. Funcionarios de la FIFA han dicho que la seguridad se ha incrementado por causa de las protestas, pero no se sabía de inmediato si se esperaba algún cambio en Belo Horizonte por cuenta de la presencia de Blatter.

En la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, Ronaldo Sielichow, presidente de la Asociación de Propietarios de Tiendas, pidió reforzar la seguridad debido a que en las manifestaciones de los últimos días ha habido saqueos.

Rousseff dijo a los gobernadores y alcaldes que se reunieron con ella el lunes que su gobierno destinaría 23.000 millones de dólares a nuevos gastos en transporte público urbano, pero no dio detalles sobre cuáles serían los proyectos nuevos. Cuatro líderes del grupo activista por un pasaje gratuito que puso en marcha las manifestaciones hace más de una semana dijeron que tampoco planteó algún plan concreto cuando se reunió con ellos el lunes.

La presidenta dijo que su gobierno se concentraría en cinco prioridades: la responsabilidad fiscal y el control de la inflación, la reforma política, la atención médica, el transporte público y la educación.

En su columna semanal publicada el martes en la página de internet de la Presidencia, Rousseff dijo que "el dinero gastado en construir o renovar los estadios para la Copa del Mundo no es parte del presupuesto federal y no afecta a los fondos destinados a la salud y la educación".

Rousseff agregó que el dinero para la Copa del Mundo "fue financiado y será pagado por las empresas y los gobiernos estatales que utilizan estos estadios".

Muchas de las medidas propuestas por Rousseff, incluso el uso de todas las regalías del petróleo para financiar la educación y traer a médicos extranjeros para trabajar en zonas marginadas, ya habían encarado una fuerte resistencia en el Congreso en intentos anteriores.

(AP)