EFE
28 de febrero de 2013 / 01:26 a.m.

La ley de Derechos Civiles, promulgada por el presidente Lyndon Johnson (1963-1969), limitó la capacidad de algunos estados para modificar la normativa electoral con la finalidad de evitar la discriminación en el derecho de voto de los negros.

 

Washington DC -Baltimore • El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó hoy a analizar la vigencia de la histórica ley de 1965 que, con el fin de evitar la discriminación en el derecho de voto de la minoría negra, limitó la capacidad de algunos estados para modificar la normativa electoral.

La llamada Ley de Derechos Civiles, promulgada por el presidente Lyndon Johnson (1963-1969), es considerada uno de los mayores logros de la revuelta pacífica por los derechos civiles que vivió EE.UU. en aquellas décadas.

Mientras el Supremo escuchaba hoy los argumentos de las partes, al otro lado del parque y en la Rotonda del Capitolio, Barack Obama, el primer presidente afroamericano de EU, develó una estatua de Rosa Parks, la militante negra que en 1955 se negó a abandonar en un autobús un asiento reservado para blancos.

La desobediencia de Parks fue uno de los detonadores del movimiento de los derechos civiles contra la segregación racial, y la ley de 1965 fue la consecuencia política de aquella revuelta que transformó al país.

"Ni un paso atrás, no volveremos al pasado", dijo hoy a la multitud reunida frente al Tribunal Supremo, Martin Luther King III, hijo del adalid de la lucha contra la segregación racial Martin Luther King, asesinado en 1968.

"Si más de nosotros pudiéramos votar, y, si quienes pueden votar votaran, entonces tendríamos diferentes personas en el Congreso y un resultado diferente en lo que concierne al empleo de la gente y a la creación de oportunidades para quienes no pueden trabajar hoy", arengó King a una audiencia formada casi exclusivamente por afroamericanos.

"Así, en cierto sentido, cuarenta y cinco años más tarde el movimiento continúa", concluyó el activista, entre cánticos de "¡No, no, no vamos hacia atrás!" y rodeado de pancartas y carteles reivindicativos en algunos de los cuales podía leerse "Mi voto. Nuestros derechos. Nuestra lucha".

La Constitución de EU reconoció el derecho de los negros a votar desde 1868, pero en muchos estados, sobre todo en el Sur, se promulgaron leyes con requisitos complicados, combinados con la intimidación, para impedir que los negros se registraran para votar, y que los pocos registrados de hecho votaran.

El caso que llegó hoy al Tribunal lo inició el Condado Shelby, de Alabama, donde la mayoría de la población es blanca y se alega que el requisito de pedir permiso al Gobierno federal para cada ajuste del sistema local de votación es oneroso e inapropiado.

Los sectores conservadores en Estados Unidos sostienen que casi medio siglo después de la Ley de Derechos Civiles, ya no es necesaria la supervisión federal para impedir la intimidación de los votantes.

Pero el asunto ha reemergido en los últimos dos ciclos electorales cuando numerosos estados aprobaron leyes y regulaciones que hacen más severa la identificación de votantes, y más complicado el requisito de documentos para el registro, medidas que también han sido denunciadas por los representantes de la minoría hispana, la más numerosa hoy en día.

En EU no existe un registro nacional de votantes, ni un documento nacional de identificación, y los sectores conservadores sostienen que esto deja abierta la senda para el fraude electoral.

En las últimas dos décadas el Gobierno federal ha aplicado más de dos mil veces la Sección 5 para impedir la entrada en vigor de cambios propuestos de los sistemas de votación en los estados que bajo la ley requieren autorización federal.

Entre las organizaciones que convocaron a sus militantes para la manifestación de hoy se cuentan la Liga Unida de Ciudadanos Latinos (LULAC), el Consejo Nacional de La Raza y la Unión de Trabajadores Agrícolas.

En la audiencia de hoy, el presidente del Tribunal, John Robberts, y el juez Anthony Kennedy se mostraron escépticos acerca de la relevancia de la Sección 5 en el presente. Los analistas consideran que ambos magistrados representan los votos indecisos en la causa.

Los abogados del Condado Shelby señalaron, como uno de los ingredientes que harían dudosa la relevancia en la actualidad, el hecho de que se estén usando datos de la década de los setenta para determinar qué jurisdicciones tenían un historial de restricción del voto. Otro argumento es que las "condiciones raciales" han cambiado enormemente desde 1965.

El Tribunal Supremo de Justicia no emitirá un fallo hasta junio, pero si dictamina que una parte de la ley es inconstitucional y la remite al Congreso para que éste haga modificaciones, el requisito del permiso federal podría encontrar serios obstáculos para su renovación.