21 de mayo de 2013 / 12:56 p.m.

Washington  • ¿La “maldición del segundo mandato”, del cual muchos presidentes de Estados Unidos han sido víctimas, amenaza a Barack Obama? ¿El escándalo del Internal Revenue Service (IRS, el fisco local) será comparado un día por los politólogos con el caso Lewinsky para Bill Clinton, o el huracán Katrina para George W. Bush o bien el Watergate para Richard Nixon? Esta vez, el asunto del IRS amenaza al presidente, ya que pone en entredicho dos ejes de su campaña electoral victoriosa de 2012: la confianza en el Estado y la honestidad política.

Al apuntar hacia los grupos locales del Tea Party  deseosos de obtener una exención fiscal, el IRS dio muestras, en 2011 y 2012, de una voluntad de intrusión en los medios más conservadores del Partido Republicano, los más hostiles a la reelección del presidente. Una discriminación política en un ámbito, los impuestos, que son una referencia histórica de la historia política de EU. ¿Acaso el nombre del movimiento Tea Party no hace referencia a la revuelta de 1773 en Boston contra las tasas impuestas por el colonizador inglés? El tema evoca a la vez el deWatergate, cuando, en los años de 1970, el republicano Richard Nixon utilizó al mismo IRS para abatir financieramente a sus adversarios demócratas.

Pero los efectos políticos potencialmente devastadores de este caso esconden sus verdaderas raíces: el flujo sin precedentes de cash en la vida política del país desde el fallo “Ciudadanos Unidos” de la Corte Suprema. Una decisión que, en 2010, suprimió cualquier limitación al financiamiento por parte de las empresas de los Comités de Acción Política, los Super-PAC (Super Political Action Committees).

La única obligación de los Super-PAC consiste en hacer pública la identidad de los donadores. Su éxito transformó a las entidades en importantes alcancías para las presidenciales de 2012 que, con una derrama superior a los seis mil millones de dólares batió todos los récords, en especial en materia de publicidad política televisada. Barack Obama, que protestó contra la decisión de la Corte Suprema, llegando incluso a defender la idea de una enmienda a la Constitución para invalidarla, se sumó de hecho al aceptar que su campaña de 2012 fuera financiada por el Super-PAC creado por sus amigos, Priorities USA Action.

La recaudación de fondos fue tan masiva que no se limitó a los Super-PAC. También proliferaron otros apoyos, comparables a las asociaciones tipo francesas bautizadas 501 (c) (4), en alusión al apartado del código fiscal que los exenta de impuestos. Su actividad es doble: exoneradas de impuestos, también son dispensadas de hacer públicos los nombres de sus donantes, combinando así las ventajas de dos fórmulas.

Las asociaciones 501 (c) (4), teóricamente dedicadas al “bienestar general” (“social welfare”), pueden financiar…. un Super-PAC que apoya a un candidato, lo cual permite un financiamiento a la vez ilimitado y anónimo. Los dos candidatos en 2012, Mitt Romney y Barack Obama, dispusieron así de la combinación de las dos fórmulas jurídicas, estando cada uno de sus Super-PAC duplicados por una asociación gemela 501 (c) (4) con un nombre casi parecido.

Pero, mientras que los Super-PAC están bajo el control de la muy discreta Comisión Electoral Federal (FEC) encargada desde el asunto de Watergate de espulgar las cuentas de campaña, las asociaciones 501 (c) (4) responden directamente al fisco.

De ahí el actual escándalo que derivó centenares de millones de dólares hacia entidades concebidas para generar actividades asociativas. Y al fisco de EU, a controlar de facto los financiamientos políticos, sin que nadie lo haya realmente decidido.

En su origen, el estatuto 501 (c) (4) y su privilegio fiscal estaban reservados a asociaciones tales como los clubes deportivos, los grupos de bomberos voluntarios o los defensores del medio ambiente, es decir 44 mil estructuras en total. La célebre National Rifle Association (NRA) o la poderosa asociación de los retirados AARP se beneficiaron de él.

A los ojos del fisco, tales asociaciones no deben estar “principalmente comprometidas” con la acción electoral. La ambigüedad de la fórmula se ha convertido en un enorme problema política desde 2011, siendo hoy el centro del escándalo: mientras que el IRS acosa a los grupos locales del Tea Party que, bajo la cobertura de educación del ciudadano hacen campaña contra Obama mientras reclaman el beneficio de la exoneración, el fisco no hace nada frente a los artimañas de las “grandes” asociaciones políticas pretendidamente caritativas, que manejaron millones de dólares de la publicidad electoral de los dos candidatos: no solo Crossroads GPS, creada por el estratega republicano Karl Rove, sino también Priorities USA.

Conducida por el presidente Obama, este haría mal en denunciar los perjuicios de la desregulación en un ámbito donde Organizing for Action, la nueva entidad que administra su cuenta Twitter y su sitio web, también se presenta como una de las asociaciones dirigidas al “bienestar general”.

LA ALDEA POR PHIILIPPE BERNARD/LE MONDE