15 de mayo de 2013 / 11:55 a.m.

Washington • La Casa Blanca y el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, justificaron ayer el espionaje a periodistas de la agencia de noticias AP al asegurar que la filtración que provocó la intercepción de sus registros telefónicos es un asunto “"muy grave"” que “"pone a los estadunidenses en riesgo"”.

“"Era una filtración muy seria, muy muy seria"”, repitió Holder en una rueda de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.

“"Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto"”, que “"puso en peligro la vida de estadounidenses"” y que requería “"una acción muy agresiva"” para tratar de descubrir al responsable de la revelación, justificó Holder.

El procurador dijo desconocer los detalles de las pesquisas, que fue llevada a cabo por el FBI (Oficina Federald e Investigación) bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole.

El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, “"en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia"”, dijo Holder, quien se mostró seguro de que se había respetado la ley.

Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en EU, porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la AP la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recabados.

Según reveló el lunes la propia agencia, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

Centenares de periodistas utilizaron en ese tiempo esas líneas, y los investigadores se hicieron con todas las conversaciones que pudieron haber tenido con sus fuentes de información.

Las organizaciones profesionales han denunciado el daño que esto supone para el sistema democrático, porque suprime la confidencialidad que está en la base de la investigación periodística independiente.

Por su parte, el vocero presidencial Jay Carney insistió que, a pesar de esta investigación, Barack Obama, está comprometido con la defensa de los medios de información para realizar su trabajo en el marco de la Primera Enmienda Constitucional que garantiza la libertad de expresión.

“Pero él también, como ciudadano y comandante en jefe, está comprometido con la noción de que no podemos permitir que se filtre información clasificada que lesione nuestros intereses de seguridad nacional” indicó.

La investigación del Departamento de Justicia tiene que ver con una historia difundida por la AP en mayo del 2012 sobre la existencia de un espía reclutado por saudíes para infiltrar a la red Al-Qaeda en la península arábiga.

El presunto espía recibió posteriormente una bomba para hacerla estallar en un avión con destino a EU, la cual entregó después a las autoridades sauditas, a quienes reveló detalles del complot.

En una rueda de prensa en la que pasó serios aprietos para justificar esta acción, Carney —ex jefe de la oficina de la revista Time en Washington— no explicó el nivel de investigaciones sobre filtraciones llevados a cabo por esta administración.

Un reportero hizo notar que el número de pesquisas conducida por el gobierno de Obama representa el doble de las realizadas por administraciones anteriores de manera conjunta, y que ello ponía en duda el balance con que Carney dijo se ha conducido esta política.

ClavesContra el Tea Party

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, ordenó ayer una investigación penal para determinar si el servicio federal de recaudación de impuestos violó la ley al hacer un mayor escrutinio de grupos conservadores.

“"El FBI trabaja con el Departamento de Justicia para determinar si la ley fue violada en un caso vinculado al IRS (Internal revenue service)"”, dijo Holder.

El viernes, los servicios fiscales reconocieron que investigaron 75 grupos cercanos al movimiento conservador y contrario a los impuestos del Tea Party, lo cual desató la ira entre los republicanos, opositores al gobierno del presidente Barack Obama.

AGENCIAS