7 de febrero de 2013 / 02:18 p.m.

 Hoy finalizó el plazo para que Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, y su ex socio Diego Torres pagaran la fianza civil de casi 8.2 millones de euros (casi 11 millones de dólares) por sus posibles responsabilidades pecuniarias. Al no ser depositada, el juzgado puede iniciar el proceso conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir la cantidad.

A pesar de ello, fuentes jurídicas señalaron que no es previsible que ese procedimiento comience de forma inmediata. Al cerrar el juzgado de Instrucción en Palma de Mallorca (Islas Baleares) a las 14:00 horas no se había registrado ninguna documentación relacionada con dicha fianza y durante la tarde-noche tampoco se ha recibido en los juzgados de guardia.

La fianza fue impuesta el pasado 30 de enero por el juez José Castro, instructor del "caso Nóos", por las posibles responsabilidades que puedan derivarse de esta causa judicial que investiga el desvío de 6.1 millones de euros de fondos públicos a ese instituto supuestamente sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió.

En su auto, el juez advertía a los dos principales imputados de que si no depositaban la fianza en cinco días hábiles, plazo que acaba hoy, se procedería "al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".

Si al concluir el plazo el marido de la infanta Cristina -hija menor del rey Juan Carlos I- y su ex socio no hubieran satisfecho la fianza, el juzgado puede iniciar el proceso conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8.2 millones de euros.

Ambos imputados presentaron sendos recursos contra la fianza ayer, aunque ello no paraliza la obligación de depositar la caución por responsabilidad civil. El juez instructor del caso Nóos considera que se han hallado "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos, según afirmó en su auto.

Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos.

Entretanto, un portavoz de la Casa del Rey aseguró hoy que ni esta institución, ni el propio monarca ni ningún otro miembro de la Familia Real han intentado convencer a la infanta Cristina para que renuncie a sus derechos dinásticos o se divorcie de Iñaki Urdangarin, el ex jugador de balonmano con quien se casó en 1997. La Casa del Rey reaccionaba así a diversas informaciones difundidas en algunos medios en ese sentido.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin aparecieron en público por última vez el pasado 25 de noviembre, cuando acudieron al hospital madrileño donde el Rey se recuperaba de una intervención quirúrgica en la cadera izquierda, junto a la Reina Sofía y la infanta Elena.

Mientras, Urdangarin, advirtió de que podría recurrir al Tribunal Constitucional por considerar que ha sido vulnerado su derecho a defenderse en el caso de presunta corrupción en el que está imputado.

Este planteamiento se encuentra dentro el recurso que el duque de Palma presentó el martes contra la fianza de 8.1 millones de euros que le ha impuesto a él y a su ex socio Diego Torres el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que ambos dirigieron.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Urdangarin pide al juez instructor que retire dicha fianza por considerarla "desproporcionadamente excesiva", alegando que crearía un "empobrecimiento injusto" al duque de Palma, que se vería obligado a pagar impuestos ya abonados a la Hacienda española.

Este recurso no paraliza el plazo para hacer efectiva la suma de fianza exigida, que precisamente terminó hoy. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, se opone en su escrito a cualquier fianza, pero apunta que "resultaría más equitativa" la cifra de 5.9 millones.

Según la versión de Vives, esa es la cantidad que suman las facturas por los congresos organizados por el Instituto Nóos en Valencia (este) y en Baleares (Mediterráneo), que la Policía Judicial considera falsas.

El letrado argumenta, además, en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que "no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa".

Concretamente, Mario Pascual Vives -que hoy ha declinado hacer más declaraciones a la prensa- argumenta que al imponer la fianza el juez ha expuesto ""a deshoras, procesalmente hablando"", las bases fácticas contra su cliente que, a su entender, deberían plantearse en una fase posterior de la instrucción.

De esa forma, mantiene al abogado, se ha vulnerado ""el principio de contradicción, vedando así la posibilidad de discutir o de ofrecer un juicio de inferencia distinto al realizado, prematuramente, por el instructor"".

La defensa de Urdangarin alega en su recurso, asimismo, "la inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo" del contenido de algunos documentos, así como declaraciones de testigos y/o imputados, que el juez incluyó en su auto y que el letrado asegura que ignora.

Otro de los argumentos que expone el recurso es que el juez acaba de imputar el delito de tráfico de influencias a su cliente "ex novo", lo que está causando una "indefensión irreparable" a Urdangarin porque, a su juicio, la instrucción del caso es "prospectiva: a medida que se va avanzando se van buscando nuevos delitos".

El recurso reprocha al juez que la imputación de tráfico de influencias a Urdangarin se base "en el mero hecho de que era (y es) pariente de S.M. el Rey de España" y recalca que los congresos organizados por Nóos significaron que Valencia y Palma "estuvieran en el mapa europeo como destinos turístico-deportivos".

EFE