Monterrey.- El Gobierno estatal se lavó las manos en el caso de las pensiones de lujo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia podrían recibir una vez que se aprueben reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Jorge Domene, jefe de la Oficina de la Gubernatura, indicó que la pensión de más de 100 mil pesos que los magistrados recibirían es un tema que le compete a ellos y, al tener autonomía presupuestal, son libres de emplear los recursos como mejor les convenga. "Bueno, ahí hay que, como siempre, respetar los acuerdos que se tienen tanto en el Legislativo como en el Judicial, ellos tienen sus acuerdos, ellos tienen sus presupuestos, tienen esa libertad de poder determinar cómo los emplean y bueno, veremos cuál es el resultado de esa propuesta que ellos manifiestan", sostuvo el funcionario. Demene dijo que el Estado respetará la decisión que se tome en este sentido, como se hace de la misma forma con las resoluciones del Congreso local. Luis García