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Argentina: condenan activista social por instigar violencia

Milagro Sala, activista social argentina fue condenada el miércoles a tres años de prisión en suspenso como instigadora de una violenta protesta.

Agencias

BUENOS AIRES (AP) — Milagro Sala, activista social argentina por cuya libertad reclaman la ONU y la OEA, fue condenada el miércoles a tres años de prisión en suspenso como instigadora de una violenta protesta contra el actual gobernador de la provincia de Jujuy y otros dirigentes políticos en 2009.

La condena dispuesta por voto unánime de los tres integrantes del Tribunal Federal Oral 1 se dio a conocer en medio de una fuerte presión internacional al gobierno de Mauricio Macri por la libertad de la líder del movimiento social Túpac Amaru, detenida desde enero por supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy, 1.654 kilómetros al norte de Buenos Aires.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria cuestionó en octubre la detención preventiva de Sala y pidió su liberación inmediata, reclamo al que luego se sumaron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sala, de 53 años, fue sentenciada por el delito de daño agravado en calidad de instigadora de la protesta que militantes de su organización realizaron siete años atrás contra el entonces senador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy. La activista fue absuelta por el delito de amenazas.

El monto de la pena no es de cumplimiento efectivo, pero Sala continuará detenida por las otras causas en su contra.

En 2009, Morales tenía previsto participar de una exposición junto al entonces auditor general de la nación Leandro Despouy sobre el manejo de fondos públicos millonarios que la provincia cedía a organizaciones sociales como Túpac Amaru.

Si bien Sala no participó activamente de las manifestaciones, se le acusa de instigar a las personas que atacaron con huevazos a los disertantes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y produjeron destrozos en el lugar.

Antes de que se conociera la sentencia, Sala declaró: "nunca me imaginé que éste era el costo que tenía que pagar. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo, no hemos robado nada". Agregó que la acusación por ataque a Morales y las otras investigaciones en su contra son infundadas y las atribuyó a su labor social a favor de los sectores más vulnerables de Jujuy.

"Queríamos igualdad en un país tan rico. Dignificar a los que menos tienen, tiene como significado estar en este sillón. Queridos jueces no se dejen apretar por lo que dicta el poder político. Dicten lo justo", pidió Sala. Tras el fallo, los abogados de la activista anunciaron que apelarán.

Sala está imputada en otras causas por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y amenazas tras una denuncia del gobierno provincial por el manejo irregular de los fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales.

Entre 2002 y 2014, Jujuy recibió 3.400 millones de pesos (unos 212 millones de dólares al cambio actual) para la construcción de viviendas de los cuales la mitad fue destinado a Tupac Amaru, según la Oficina Anticorrupción provincial. Una auditoria de ese organismo detectó que al menos 1.700 viviendas de las presupuestadas no existen y otras 500 están en distinto estado de avance, lo cual implicaría un fraude de unos 700 millones de pesos (43 millones de dólares).

El comité de la ONU y los otros organismos internacionales no cuestionaron los cargos contra Sala, pero sí la prisión preventiva, que consideran debe aplicarse en casos muy excepcionales y debidamente justificados. Sin embargo, la justicia argumenta que la activista puede entorpecer las investigaciones y por esa razón la mantiene bajo arresto.