Monterrey.- La Procuraduría de Justicia de Nuevo León solicitó una tercera orden de aprehensión en contra de los organizadores de bodas, Maia Eventos, quienes desde el pasado mes de febrero se encuentran recluidos en el penal del Topo Chico.Esta petición la hicieron en el sistema tradicional de justicia al consignar la averiguación, en la que 19 de las parejas afectadas les reclaman un total de un millón 100 mil pesos.Como en las anteriores investigaciones, los afectados de esta indagatoria señalaron a María Verónica González Garza y a su esposo Javier Chávez Gutiérrez como responsables del fraude del que fueron víctimas, mientras planeaban sus enlaces nupciales. Con esta acción por parte de las autoridades ya sería un total de 58 denunciantes los reclaman la devolución del dinero que invirtieron para los eventos que planearon y que nunca se concretaron.Por lo que González Garza y su esposo tendrían que devolver un total de 5 millones 200 mil pesos, si en algún momento desean abandonar el reclusorio al que ingresaron después de ser capturados en el estado de Veracruz, a donde se fueron a refugiar para tratar de evadir las acciones de la justicia nuevoleonesa.Trascendió que con esta nueva petición, la Procuraduría de Justicia solo tendría pendiente la consignación de una última averiguación, en la que está registradas las últimas cuatro denuncias que se recabaron en contra del matrimonio que tenía establecido el negocio en el municipio de San Pedro Garza García.Actualmente, los propietarios de Maia Eventos, se encuentran a disposición de un juez de control judicial y de la juez de San Pedro Garza García, quien les inició un proceso criminal por las denuncias que presentaron antes de que entrara en vigor el actual sistema acusatorio.