MONTERREY.- La Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción tiene cinco días hábiles para inconformarse y apelar la resolución que el juez de control otorgó a favor del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, a quien exoneró de dos de los tres delitos que le atribuían por el caso Kia.El plazo que tienen los agentes del Ministerio Público para tratar de impugnar la determinación del juez, Jaime Garza Castañeda, empezó a correr este mismo miércoles. En caso de que los fiscales presenten la apelación, la resolución de vinculación a proceso sólo por ejercicio indebido de funciones públicas y no vinculación por peculado y delitos patrimoniales por inducción, será analizada por magistrados del Tribunal Superior de Justicia.Los magistrados tendrán que resolver si el juzgador actuó o no apegado a derecho al iniciarle el juicio a Medina de la Cruz sólo por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.Sin embargo, dicha determinación dependería de que la Subprocuraduría Anticorrupción apele la resolución, la cual podría presentar hasta el martes de la próxima semana, si así lo decide.En la resolución que se emitió este martes durante la audiencia en la que compareció el ex mandatario estatal, el juez Jaime Garza, advirtió que la fiscalía no había acreditado su responsabilidad por los dos mencionados delitos.Resolvió que las declaraciones emitidas por Rolando Zubirán Robert y Juan Francisco Livas Cantú, no eran suficientes evidencias para considerar la probable responsabilidad de Medina de la Cruz por peculado y delitos patrimoniales.Mencionó que analizó las declaraciones de dichos ex funcionarios estatales y de ninguna se desprende que el ex gobernador les haya advertido con dolo que debían asegurar el desarrollo de la Armadora Kia Motors, en la entidad.El juzgador comentó que en ambas declaraciones se desprende que Medina de la Cruz les hizo referencia que era muy importante el establecimiento de Kia en la entidad.Aclaró que no era un indicativo de que los hubiera persuadido con algún dolo para negociar la inversión por la que ahora les reclaman un desvío de 3 mil millones 683 mil 504 pesos.