MONTERREY.- Aunque en su momento se determinó que no había delito penal que perseguir en la compra de 200 mil cobertores a sobre costo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó esta carpeta para revisar la legalidad de las notificaciones.El titular de esta área, Javier Garza y Garza informó que no tocarán el fondo del asunto ya que éste fue resuelto por la Subprocuraduría Anticorrupción que encabezó Ernesto Canales, pero sí revivirán el expediente para aclarar dudas. El fiscal estimó que en un mes podrían tener resultados de dicha revisión y de existir elementos adicionales de prueba, analizarían reabrir el caso. Fue en 2016 cuando la Subsecretaría de Administración a cargo de Enrique Benavides Pintos, ligado al grupo cercano al gobernador con licencia Jaime Rodríguez, autorizó la compra de 200 mil cobertores a 30 millones de pesos. Trascendió que la Auditoría Superior del Estado sí planea reabrir el expediente para aclarar si los cobertores fueron o no recibidos por el Estado. dat