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PGR intervino mil 865 líneas en lucha anticrimen

La dependencia pidió información a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, incluidas, Microsoft, Yahoo, Google y Hotmail.

México

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) intervino mil 865 líneas telefónicas privadas como parte de las investigaciones que realizan sus áreas para combatir a la delincuencia organizada, el lavado de dinero, así como otros ilícitos, medida que contribuyó a fortalecer sus indagatorias y dar con el paradero de criminales.En ese mismo lapso, la dependencia federal realizó 36 mil 436 solicitudes de información a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, incluidas Microsoft, Yahoo, Google, Hotmail y universidades privadas, a las que requirió datos sobre los usuarios de líneas telefónicas y correos electrónicos.El Congreso de la Unión aprobó en 2012, que los titulares de la Procuraduría General de la República y fiscalías generales puedan solicitar información, sin orden judicial, a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar rápido en las indagatorias relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.

Lo anterior ha permitido a la PGR, en cuatro años, localizar geográficamente en tiempo real a los usuarios de 5 mil 360 aparatos telefónicos, según consta en el oficio PGR/UTAG/00432/2017 que fue entregado en respuesta a una petición de información pública.La representación social de la Federación aclaró que ?a partir del 18 de junio de 2016?, ha recibido y registrado tres solicitudes de localización geográfica en tiempo real con resolución judicial y las demás en términos del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, párrafo quinto, atendiendo a la excepción, misma que específica que pueden hacerlo sin necesidad de una orden judicial cuando esté en peligro la integridad física de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada.                                       Las cifrasDe acuerdo con la institución, el número de intervenciones telefónicas privadas en 2013 ascendió a 396; en 2014 la cifra aumentó a 484; en 2015 se redujo a 401 y en 2016 se contabilizaron 584 casos; en todos los casos, aclaró la PGR, se contó con autorización.Respecto a la localización en tiempo real de 5 mil 360 equipos, se desglosa de la siguiente manera: 2013 (473), 2014 (mil 786), 2015 (mil 746) y 2016 (mil 355).Mientras que las solicitudes de información a concesionarios de redes públicas se llevaron a cabo de esta forma: 2013 (7 mil 814), 2014 (12 mil 575), 2015 (8 mil 181) y 2016 (7 mil 866).La PGR puntualizó que a partir del 18 de junio de 2016 a la fecha se han gestionado 182 solicitudes de información con resolución del juez de conformidad con el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.                                      PeticionesLa empresa Radio Móvil Dipsa (Telcel) es la que más solicitudes recibe de la PGR para ubicar telefonía en tiempo real, seguida por Pegaso, Iusacell, AT&T y Virgin Mobile.Telcel, añadió la PGR, también es la más requerida en solicitudes de información, lo mismo que Teléfonos de México, Iusacell, Nextel y Pegaso, entre otras compañías telefónicas; lo mismo ha ocurrido con la Universidad Veracruzana, Universidad de Campeche y la Universidad La Salle.En mayo de 2016, la Segunda Sala ratificó el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a las autoridades interceptar, intervenir, recopilar y almacenar los datos personales e íntimos que egresan de los teléfonos celulares de delincuentes.Sin embargo, puntualizó que ni una autoridad tiene facultades para acceder a los datos personales y al resto del contenido que tienen los teléfonos celulares asegurados a delincuentes, sin previa orden judicial.La Corte ha establecido que las autoridades solo pueden ordenar la geolocalización en tiempo real de un aparato celular, sin previa orden judicial, cuando hay necesidad de proteger la vida e integridad de las personas.

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